Entre los años 1999 y 2009 CATALUNYA BANC colocó sistemáticamente a la clienta, persona mayor y con relevantes problemas de salud, obligaciones subordinadas y participaciones preferentes sin informarla que podría perder el dinero invertido.
Cuando la clienta falleció, su hijo se encontró con la problemática de que no podía disponer del dinero que había invertido su madre y demandó a CATALUNYA BANC por haberle prestado un mal asesoramiento.
El Tribunal ha considerado que el hecho de que se bloqueara el mercado secundario donde cotizaban estos títulos no era motivo para que la clienta sospechara que era titular de varias emisiones de dos productos de riesgo. Las últimas contrataciones se produjeron en el año 2009 cuando el mercado funcionaba correctamente por lo que nunca pudo pensar que los productos eran arriesgados e inadecuados a su perfil, cuando además siempre cobró los cupones.
El hecho de que la clienta tuviera otros productos financieros, incluso de riesgo, no era excusa para que CATALUNYA BANC no informara sobre los riesgos de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas ni tampoco para que no le evaluara su perfil inversor para determinar si los productos eran adecuados para ella.
El hecho de que tuviera contratos fechados del año 1999 y que la posible documentación que la Entidad hubiera de haberle entregado se ha extraviado, porqué lo poco que consta entregado es información fiscal que nada dice sobre los riesgos y características del producto.
Ante este Tribunal la Entidad demandada solicitó que no se le aplicaran las costas procesales ( los gastos que se han derivado del procedimiento). El Tribunal ha rechazado esta petición por considerar que la jurisprudencia y el caso en concreto son muy claros y que no hay motivo para que no asuman las costas. La Entidad demandada critica que son muchísimos los procesos judiciales por reclamación de este tipo de productos arriesgados y que todos tienen en común la falta de información.
