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Problemas en demandas sobre productos financieros a través de asociaciones de consumidores

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Problemas en demandas sobre productos financieros a través de asociaciones de consumidores

La legitimación activa de las asociaciones de consumidores en demandas sobre productos financieros complejos o de inversión genera problemas en los tribunales españoles. Los consumidores, suelen acudir a estas asociaciones para evitar las costas judiciales. Esto genera una serie de problemas en demandas sobre productos financieros a través de asociaciones de consumidores.

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclara en diversas sentencias que no siempre estas asociaciones pueden representar a los afectados.

¿Para que utilizan los consumidores las asociaciones de consumidores?

Estas asociaciones presentan demandas en nombre de sus miembros: Particularmente en casos de abusos masivos o prácticas comerciales fraudulentas. No obstante, cuando se trata de productos financieros, la jurisprudencia delimita claramente el ámbito de actuación de estas asociaciones.

Productos financieros complejos y la legitimación activa de las asociaciones de consumidores

El Tribunal Supremo afirma que los productos financieros no se pueden considerar «de uso común, ordinario y generalizado». Esto limita la capacidad de las asociaciones de consumidores para presentar demandas judiciales en representación de sus asociados.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias 656/2018, de 21 de noviembre, y 691/2021, de 11 de octubre, concluye que las asociaciones de consumidores carecen de legitimación activa. Legitimación para representar a los afectados por la contratación de productos financieros complejos. Esto se debe a que estos productos no guardan una relación directa con bienes o servicios de uso ordinario y generalizado. Estos últimos se consideran, servicios bancarios básicos.

Porque se generan problemas en demandas sobre productos financieros a través de asociaciones de consumidores.

La falta de legitimación activa proviene de la naturaleza de los productos financieros que no se consideran servicios de consumo común.

Asi lo establece el Tribunal Supremo en diversas resoluciones, como las sentencias 481/2000, de 16 de mayo; 460/2012, de 13 de julio; y 603/2021, de 14 de septiembre.

La cuestión de la legitimación activa es un asunto de orden público procesal, lo que significa que puede ser apreciada de oficio por el juez. Esto afecta de manera directa a la validez del procedimiento y la eficacia de la cosa juzgada.

En consecuencia, los tribunales tienen la facultad de pronunciarse sobre la legitimación activa de las asociaciones de consumidores, incluso si este aspecto no ha sido debatido por las partes. Esto ha llevado a la desestimación de numerosas demandas interpuestas por asociaciones sobre productos financieros de inversión.

¿Qué implica la falta de legitimación activa para los consumidores?

Los consumidores afectados por productos financieros complejos y que han iniciado demandas a través de asociaciones de consumidores corren riesgos. Existe la posibilidad de que sus demandas sean desestimadas por falta de legitimación activa.

El Tribunal Supremo, en su jurisprudencia más reciente, confirma que los afectados pueden litigar directamente por sí mismos. Pero no está justificado que lo hagan a través de asociaciones de consumidores si lo que buscan es evitar que sean condenado en costas.

Este cambio jurisprudencial pretende evitar el uso abusivo de la legitimación especial que, en muchos casos, ha sido utilizada con el único fin de aprovecharse del derecho a la justicia gratuita, sin cumplir con los requisitos de fondo que el ordenamiento jurídico impone para este tipo de procedimientos.

Conclusión

La improcedencia de presentar demandas sobre productos financieros a través de asociaciones de consumidores ha quedado claramente delimitada por el Tribunal Supremo. Impidiendo que estas asociaciones puedan actuar en representación de los consumidores en productos que no son de uso común, ordinario y generalizado.

Es una medida que busca evitar el uso abusivo de la legitimación especial y garantizar que las demandas sean interpuestas por quienes tienen el derecho legítimo para hacerlo.

Existe el riesgo de que la demanda sea desestimada. Entonces se debe presentar nueva demanda individual. Y esto conlleva volver a invertir en gastos de Abogado y Procurador.