La Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) ha confirmado que la nulidad de pleno derecho actúa ope legis, o lo que es lo mismo, por ministerio de la ley, y en consecuencia, las cláusulas afectadas por tal nulidad han de tenerse “por no puestas” tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial y, por tanto, también en el registral.
Todo ello surge a raíz de la reciente calificación del registrador de la propiedad de Logroño nº2 que suspendió la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario por razón de existir cláusulas abusivas. Las cláusulas en cuestión suponían la detracción de casi la mitad de la cantidad prestada en concepto de comisiones y gastos diversos, y la fijación de un interés remuneratorio fijo del 14,99%.
La DGRN ha indicado que debe prevalecer una interpretación extensiva proconsumidor en coherencia con la finalidad legal de favorecer respectivamente la información y la protección de los usuarios de servicios financieros. Además, señaló que de acuerdo con el principio de efectividad la normativa europea obliga a los estados miembros, en los contratos celebrados entre un consumidor y un profesional en el que figure una cláusula abusiva, la disposición de medios adecuados y eficaces para el cese en el uso de dichas cláusulas abusivas.
Ciertamente, tiene mucha lógica que sea el registrador o notario quien analice o valore si se ha cumplido el doble control de transparencia que sirve para controlar el contenido abusivo de una cláusula (STS 9 de mayo 2013). Y ello porqué ¿quién mejor que el notario, que interviene en la fase de conclusión del contrato, para apreciar si el prestatario conoce verdaderamente la carga jurídica que está a punto de asumir? Sólo así, el notario puede servir de garante de los derechos de los consumidores y usuarios.
